El próximo 24 de marzo es clave. A 48 años del inicio de la última dictadura cívico militar, estamos ante un gobierno ultraderechista con una política negacionista respecto de los crímenes de los milicos y en buena medida apologista de su accionar. El presidente Javier Milei no ha escatimado intervenciones públicas para poner en duda el número de las y los 30.000 desaparecidos, mientras su vice continúa su campaña en pos de la liberación de los genocidas detenidos y, desde su asunción, su principal actividad ha sido visitar cuarteles en los que se rinde homenaje a criminales condenados.

El plan económico del gobierno en estos primeros meses, en suma, ratifica un rumbo que nos recuerda a Martínez de Hoz y a Cavallo, la destrucción de los ingresos de la clase trabajadora y sectores obreros populares por la vía de la licuación del salario, y el apoyo férreo del Fondo Monetario Internacional, como decía Rodolfo Walsh una “miseria planificada”.

Un plan de estas características necesita ser aplicado con medidas represivas como busca el “protocolo anti-protestas” de la ministra Patricia Bullrich. Algo que va de la mano del intento vía “Ley Ómnibus” de modificar el código penal, prohibir las asambleas dentro de los lugares de trabajo y terminar con el derecho a la protesta de docentes, trabajadores de la salud y estatales.

En este contexto se alienta a los genocidas a reclamar al gobierno que cumpla su promesa de amnistía o, como hizo el represor Alberto Pardellas, a comparecer en los juicios diciendo que la apropiación de niños se hizo bajo “un sentido humanitario”. Recordemos que se trata de un crimen en concurso hasta el día de la fecha en que la verdadera identidad de cientos sigue siendo privada. Además, se rindió homenaje a Horacio Losito, un represor condenado a prisión perpetua quien integró la compañía de comandos de Aldo Rico y de Eduardo Marcelo Villarruel, el padre de la vicepresidenta.

Este 24 nos proponemos marchar con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, contra la impunidad de ayer y de hoy, contra el ajuste y la represión del Milei, el FMI y los gobernadores, para defender todas las conquistas de derechos democráticos en nuestro país. La lucha por estos derechos, el salario, las jubilaciones, la salud y educación públicas puede derrotar el plan del gobierno, como cayó la Ley Ómnibus.

Reivindicaremos en las calles a las y los 30.000 detenidos desaparecidos y a nuestros compañeros y compañeras de nuestro antecesor, el glorioso Partido Socialista de los Trabajadores (PST), que cayeron combatiendo a la Triple A y a la dictadura.

Son 30.000, fue genocidio, castigo y cárcel común para todos los genocidas.

Al cierre de nuestra edición recibimos la información de que ante el planteo de la Gremial de Abogados, le fue concedida la excarcelación bajo caución real al compañero Cristian Díaz, prisionero político de Israel en Argentina.

“La Sala II de la Cámara de Apelación nos dió la razón y revocó el fallo del Juez Lijo que nos había denegado la excarcelación”, comunicaron los abogados. Sin embargo, la Sala II le plantea al Juez que fije una caución real para hacer posible la liberación de Cristian. En caso de que la caución sea muy alta, los abogados deberán apelar.

Desde Izquierda Socialista venimos acompañando esta aberración judicial que constituye el proceso contra Cristian Díaz, cuyo objetivo es quebrar la solidaridad de la clase trabajadora, sectores populares y la juventud con la causa Palestina. No lo van a lograr. Al pueblo palestino no lo van a doblegar y a nosotros no nos van a hacer callar. Seguiremos reclamando la inmediata e incondicional libertad del compañero Cristian.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista FITU

Distintos organismos de derechos humanos y organizaciones sindicales y políticas presentaron denuncias contra el protocolo antipiquetes y la brutal represión del gobierno y la Ministra Bullrich, con operativos repletos de violencia y abusos en Congreso ante la fallida votación de la reaccionaria Ley Ómnibus.

Desde que asumió el gobierno ultraderechista de Milei venimos advirtiendo que el plan de guerra contra las y los trabajadores, las mujeres y los sectores populares solo puede pasar con una brutal represión. Por eso, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el protocolo antipiquetes con el objetivo de atacar el derecho a la protesta y generar miedo a quienes salgan a las calles a enfrentar sus políticas de hambre y saqueo. Pero desde el 20 de diciembre la izquierda, el sindicalismo combativo, organismos de derechos humanos, asambleas barriales y sectores de la cultura, entre otros, nos encontramos en las calles enfrentando operativos represivos donde se violan los derechos humanos, como se demostró los días dónde se discutió la Ley Ómnibus.

Tan escandalosa fue la represión, que el juez Casanello tuvo que citar a la Ministra para que dé explicaciones ante el pedido de inconstitucionalidad del protocolo, pidió poner “límites al accionar policial” y que el protocolo se “adecue a derecho y a los pactos internacionales que adhiere Argentina”. Por supuesto, la Ministra defendió la represión amparada en el resultado electoral.

La Comisión Provincial por la Memoria junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura realizó un informe dónde se denuncian más de 285 lesionados y heridos por balas de goma y gases tóxicos, entre ellos 35 periodistas y defensores de derechos humanos. El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) denunció que el operativo a cargo de cuatro fuerzas (gendarmería, prefectura, policía federal y de la ciudad) terminó con 23 detenciones, la mayoría de ellas realizadas en forma de casería a personas que desconcentraban o se encontraban en las zonas aledañas a Congreso. También que las fuerzas represivas disparaban balas de goma intencionalmente de la cintura para arriba, incluso a la cara de los manifestantes. Entre los heridos por esta metodología propia de los carabineros de Chile, se encuentra Matías Aufieri de CEPROH, quien podría perder la visión a causa de estas lesiones en uno de sus ojos.

La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia denunció “métodos novedosos” en la represión, dónde se rociaba a los manifestantes a mansalva con un gas amarillo que tiene un químico que produce ceguera temporal, broncoespasmos y problemas respiratorios sobre sus víctimas y quemaduras y picazón en el cuerpo por horas. Este gas fue denunciado por ATE e H.I.J.O.S como OC MK-9, que según expertos es mucho más severo y potencialmente letal que el gas lacrimógeno.

Todas estas denuncias fueron parte de la audiencia pública realizada el jueves pasado por las bancas del Frente de Izquierda Unidad en el Congreso Nacional, de la cual participamos como Izquierda Socialista, donde estuvieron personalidades como Norita Cortiñas de Madres Línea Fundadora y organismos de derechos humanos que presentaron sus informes junto a heridos y víctimas de la represión.
Como demostró el triunfo popular contra la Ley Ómnibus, la movilización y las acciones masivas en la más amplia unidad son el camino para derrotar el protocolo antipiquetes y defender el derecho a la protesta, el DNU y el plan motosierra de Milei. Este 8M y 24M tenemos la tarea de llenar las calles por nuestros derechos.

Escribe Lautaro Tochi, dirigente procesado de JIS (Juventud Izquierda Socialista)

El viernes 16 de febrero se realizó la audiencia preliminar donde tanto la justicia a cargo de Pablo Montesi como el fiscal Maximiliano Hairabedian ratificaron la definición de darle curso al juicio contra 27 estudiantes que nos encontramos procesados por luchar desde 2018.

La audiencia se trató de un trámite express dónde resolvieron dar un plazo de diez días para la presentación formal de algunas pruebas y la ratificación de algunos pedidos de informes. También solicitaron la reducción de testigos presentados por nuestras defensas por considerarlos “excesivos”. Pese a la insistencia del fiscal, no pudieron poner fecha para dar inicio al juicio, pero se juegan a realizarlo con la mayor celeridad posible.

Mientras presenciamos estos tejes y manejes dentro de una de las salas de Tribunales Federales, escuchábamos los ecos de la manifestación de estudiantes y organizaciones que cantaban por la absolución de las y los 27 de frente al cordón policial que custodiaba la amplia fachada del edificio.

Debemos ratificar el camino de la movilización, apuntando a la más amplia unidad entre todos los sectores que rechazamos se condene el derecho a la protesta contra quienes luchamos por la defensa de la educación pública. En ese sentido, las Federaciones y conducciones estudiantiles deben salir del inmovilismo y convocar a acciones de organización y lucha para no dejar pasar este atropello a las libertades democráticas.

El gobierno de Milei ha dejado en claro que su plan motosierra no pasa sin persecución y represión. A poco del comienzo de las clases el inicio es incierto porque las universidades se encuentran con el presupuesto congelado. Debemos redoblar los esfuerzos para defender la educación pública ante el vaciamiento seguido de privatización que quiere imponer la ultraderecha.

Desde esa perspectiva rechazamos todo intento por criminalizar la protesta social. Llamamos a impulsar una campaña nacional por la absolución de las y los 27 para estar en mejores condiciones de dar la pelea junto a docentes y no docentes contra el vaciamiento educativo.

Escribe Judith María Bar, abogada Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ)

Acabamos de conformar el Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo. Desde nuestro partido, Izquierda Socialista, venimos participando de todas las movilizaciones y acciones en defensa de los Derechos Humanos, contra los ataques de los gobiernos y la justicia capitalista patriarcal. Ante la necesidad de fortalecer nuestra intervención, concluimos en conformar un espacio de compañeras y compañeros comprometidos en asumir la profesión con responsabilidad política y social, buscando tener un rol activo en las luchas de nuestra clase obrera y nuestro pueblo, con una perspectiva de clase en materia sindical, laboral, de género y penal.

En un contexto de avanzada represiva bajo el gobierno de Milei y Bullrich, ante la criminalización de la protesta, resulta una tarea fundamental para nosotros poner nuestro conocimiento del Derecho como herramienta al servicio de la clase trabajadora. Celebramos esta conformación, siendo parte junto a organizaciones de Derechos Humanos del Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia y la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia.

El día 7 de febrero presentamos una denuncia penal contra Bullrich por torturas debido al uso de químicos tóxicos durante la represión en el tratamiento de la Ley Ómnibus, con los testimonios de Mariana Scayola (Ademys), Pablo Almeida (ATE/Economía), Víctor Reyes (delegado AEJBA-FJA y abogado de FADHUS) y Franco Capone, médico de la posta sanitaria.
Invitamos a todos y todas que deseen sumarse a construir este espacio al servicio de las luchas.